Uno de los mayores casos de corrupción que forma parte del prontuario de Alan García Pérez es el caso del Tren Eléctrico. En los ochenta, la construcción de un tren eléctrico para Lima fue una de las promesas populistas que pretendía cumplir el entonces presidente García Pérez, incluso para la candidatura del ahora congresista Jorge Del Castillo a la alcaldía de Lima se usó el proyecto del Tren Eléctrico como promesa para solucionar el problema del transporte en la caótica capital. 

En ese tiempo, la construcción del ansiado tren no se completó. Y poco después se descubrió que fue una obra salpicada por la corrupción cuando el italiano Sergio Siragusa Mole vino a Lima en 1993 para declarar ante la fiscal Flor de María Mayta por las coimas del tren eléctrico a raíz de una operación anticorrupción en Italia. A partir de ahí, inició el infierno político y judicial de Alan García. Su tormento más grande fue el expediente 001-95 A.V., generado después de la denuncia formulada por el Congreso Democrático Constituyente ante la Fiscalía de la Nación y  que luego alcanzaría un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia de Lima. En ese proceso penal se le imputaron cuatro delitos a Alan García: 1. COLUSIÓN ILEGAL 2. NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE 3. COHECHO PASIVO y 4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.  

García, por supuesto, nunca se presentó ante los tribunales (hasta en algún momento le nombraron abogado de oficio). El señor de la estrella roja solo pudo librarse de ese proceso penal con la prescripción. Su recién aparecida abogada Judith de la Mata presenta la excepción de prescripción que fue aceptada por el juez fujimontesinista Luis Serpa Segura y sus comparsas Otto Torres Carrasco y José Nicanor Castillo La Rosa Sánchez en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La prescripción sale a favor de García en la resolución de fecha 26 de diciembre de 2000, en la parte final del Exp. 01-95 A.V.

Su recién aparecida abogada Judith de la Mata presenta la excepción de prescripción que fue aceptada por el juez fujimontesinista Luis Serpa Segura y  sus comparsas Otto Torres Carrasco y José Nicanor Castillo La Rosa Sánchez.

El Fiscal Supremo Adjunto Flavio Ernesto Paccini Virhuez impugna esa infame decisión, pero corre la peor suerte al aterrizar en una sala civil (Corte Suprema) presidida por el vocal Walter Vásquez Vejarano, aprista según buenas fuentes (ver Caretas Edición Nº 1852 de 9 de diciembre de 2004) e incluso vocal nombrado por el mismísimo Alan García durante su gobierno mediante Resolución Suprema N.° 021.2-87-JUS del 12 de febrero de 1987. Pero con el Dr. Vásquez Vejarano no se cierra la tesis de que la Corte Suprema era el segundo local del partido aprista peruano, otros tres vocales que lo acompañaban en esta sala, también habían llegado al Poder Judicial por obra y gracia de Alan García Pérez. José Antonio Cáceres Ballón, fue nombrado vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa mediante Resolución Suprema N° 189-87-JUS de fecha 6 de julio de 1987 firmada por Alan García. De igual manera Fernando Augusto Zubiate Reina fue nombrado vocal titular de la Corte Superior de Justicia de San Martín con la rúbrica de García en la Resolución Suprema N° 403-88-JUS de fecha 7 de noviembre de 1988. El vocal Victoriano Quintanilla Quispe fue designado vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Ica con la Resolución Suprema N° 429-88-JUS de fecha 10 de noviembre de 1988, que lleva también la firma del otrora presidente por el apra. Solo el vocal José Alberto Infante Vargas no podía ser cuestionado por conflicto de intereses porque alcanzo puesto en el Poder Judicial con Fernando Belaúnde Terry (Resolución Suprema No. 344-84-JUS de fecha 31 de julio de 1984). Los cinco magistrados antes mencionados desestiman, por unanimidad, el recurso del fiscal Paccini y confirman la prescripción. Es discutible a nivel jurídico el hecho de si los vocales debían inhibirse o no, por ser el acusado la persona que les dio un cargo importante en el Poder Judicial. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, el conflicto de intereses es un hecho, había una parcialización de la justicia: los jueces que veían una causa penal habían sido nombrados por el principal acusado (Alan García).

...desde un punto de vista histórico, el conflicto de intereses es un hecho, había una parcialización de la justicia: los jueces que veían la causa penal habían sido nombrados como jueces anteriormente por el principal acusado (Alan García).

Esos vocales, Vásquez Vejarano, Cáceres Ballón, Zubiate Reina y Quintanilla Quispe se suman a la lista de jueces famosos por limpiar a García, como los que señaló Pedro Cateriano Bellido en su libro El Caso García: los jueces con simpatías apristas. Refiriéndonos por supuesto a Roger Salas Gamboa, Federico Peralta Rosas, Carlos Espinoza Villanueva, José Ángulo Martínez y Horacio Fortunato Valladares Ayarza. Estos cinco vocales llegaron a Palacio de Justicia por resoluciones firmadas por Alan García cuando era presidente y se hicieron famosos porque se encargaron de archivar la primera denuncia constitucional contra el ex presidente por el delito de enriquecimiento ilícito y por el delito contra la fe pública. Esta causa legal en contra de García partió del Congreso de la República a raíz de los demostrados desbalances patrimoniales y del perjuicio económico que había ocasionado la venta de los aviones Mirage, y luego llegó a la cancha del Ministerio Público, a cargo del fiscal de la Nación de ese tiempo, el Dr. Pedro Méndez Jurado, quien se encargó de formular los cargos, aunque de manera tibia. El siguiente paradero de la denuncia era la Corte Suprema de Justicia, en donde se convirtió en el expediente n.° 21-92 A.V., es decir ya estaba en etapa de proceso penal ante una instancia judicial. No obstante,  el caso había aterrizado en la Segunda Sala Penal, que estaba integrada por los cinco magistrados antes mencionados; nombraron como vocal instructor a Salas Gamboa. La prensa ya había hecho público que el señor Salas fue maestro de Alan García en el colegio Eguren y había sido militante aprista poco tiempo atrás, y por lo tanto la vía más idónea era que se inhiba de ver la causa por un clarísimo conflicto de intereses. Sin embargo no se inhibió y resolvió no ha lugar a abrir proceso penal. 

Esa resolución fue impugnada pero aterrizó en una sala con jueces dispuestos a seguir el guion de la impunidad.: Isaac Abraham Gamero Valdivia y Antonio Pajares Paredes, vocales nombrados por García (R.S. N.° 271-86-JUS y R.S. N.° 05.1-89-JUS respectivamente), y Ernesto Osorio y José Araníbar Muñoz Nájar, estos dos últimos no nombrados por el señor del apra, pero también participes de la historia negra del Poder Judicial: ordenan el archivo definitivo de la denuncia por enriquecimiento ilícito.

Quienes llegaron a leer la obra Historia de la Corrupción en el Perú del egregio historiador Alfonso Quiroz Norris, en el subcapítulo Juicio Frustrado (capítulo 6 Asaltos a la democracia, 1963-1989) menciona  que los jueces responsables por la controversial decisión (archivar la primera denuncia contra Alan García) habían sido nombrados durante el gobierno de García o tenían sólidos vínculos con el apra pero no llega a mencionarlos. Con esta publicación, el amable lector podrá mencionar con nombre y apellido los jueces que jugaron a favor de García.

Por cierto, esta primera etapa judicial del "Caso García" tenía que ver con el desbalance patrimonial de Alan García, las cuentas en el exterior de Alan García y a sus signos de riqueza (las casas con costos superiores a sus ingresos declarados) y la venta de los aviones Mirage, todavía no había información contundente que pusiera al expresidente como cabecilla del negociado con el tren eléctrico. Esta mención es importante porque los simpatizantes de Alan repiten continuamente que el régimen de Fujimori abrió un proceso, supuestamente en base a los mismos hechos, que ya había sido archivado por la justicia, lo cual no es cierto. Es más, el expediente del caso García después del exp. 21-92 es el 01-95, y los hechos referidos al enriquecimiento ilícito eran distintos. La primera parte del caso en el cual tuvo participación la Comisión Olivera se investigó la ampliación de la residencia en Chacarilla y la construcción de la casa de Naplo, en cambio en el expediente de 1995 el delito de enriquecimiento ilícito estaba centrado en la compra de una aeronave en co-propiedad con Alfredo Zanatti.

Cuando la prensa tomó conocimiento de la prescripción recién a inicios del año 2001, un sector del gremio apenas le dio importancia y solo algunos diarios lo pusieron en portada un viernes 19 de enero de 2001. El único periódico que puso una gigantesca y necesaria portada sobre esa sucia y vergonzosa prescripción cuyo titulo fue CORTE SUPREMA AVALA IMPUNIDAD DE ALAN GARCÍA fue el diario Correo que dirigía Juan Carlos Tafur. La República apenas sacó un cuadro pequeño en la parte inferior de su portada. Ni siquiera Liberación de César Hildebrandt sacó una portada de esa escandalosa prescripción, solo hizo una nota en su página 5. Ni hablar de El Comercio, que era harto conocido de qué pie cojeaba, que a las justas en su página a4 (sección Política) hizo una pequeña mención en un minúsculo cuadro.

Ni siquiera Liberación de César Hildebrandt sacó una portada de esa escandalosa prescripción.

Era el broche de oro para lanzar a García a las elecciones presidenciales, después de la "denuncia" del 7 de enero de 2001 (en medios locales) de Alfredo Zanatti Tavolara sobre el supuesto secuestró que sufrió por parte de hombres del régimen fujimontesinista para venir a Perú e imputar cargos a García en 1995 bajo amenaza. Los medios locales tan complacientes con el apra de esa época se encargaron de las portadas sensacionalistas; pusieron el nombre de Fujimori cuando Zanatti no había acusado directamente al exmandatario sino a los hombres de confianza de este durante su régimen.

En su denuncia ante la opinión pública, Zanatti no venía solo, venía acompañado del ala dura del alansimo: Jorge Del Castillo César Zumaeta, Mercedes Cabanillas y Elvira de la Puente. Pero como era obvio, quien fuera el señor de Aerolíneas Faucett nunca se atrevió a dar más detalles de cómo fue su "secuestro" y tampoco se atrevió a desmentir toda la documentación que estaba en el famoso expediente 01-95 A.V.. Hasta algunas personas afines al apra de García empezaron a difundir una pequeña nota en papel periódico titulada NOTA DE JUSTICIA QUE MIS COMPATRIOTAS DEBEN CONOCER firmado por Zanatti donde declaraba "bajo juramento" que fue objeto de una presión política ejecutada por el gobierno del dictador Alberto Fujimori para hacer cargos sobre supuestos hechos ilícitos en contra del ex-presidente Dr. Alan García Pérez. Esta nota, por cierto, ni siquiera fue llevada ante una institución pública o ante la misma sala que procesó a Alan García. 

Después de esa tendenciosa denuncia no se volvió a publicar la situación del caso de Zanatti, las únicas referencias que existieron hasta antes de esta publicación son una minúscula y apócrifa nota web de Panamericana (https://panamericana.pe/politica/34010) de fecha 14 de noviembre de 2006 y otra nota del diario La República (https://larepublica.pe/politica/241298-fiscalia-pide-confirmar-condena-a-alfredo-zanatti) de fecha 6 de setiembre de 2007, también con contenido falso. Ninguno de estos medios se tomó la molestia de al menos presentar una página de la sentencia. La jugada entonces se hacía evidente: limpiar extrajudicialmente a Alan García, presentarlo como una víctima del fujimorismo para que la ciudadanía dude las coimas del caso del tren eléctrico y sobre la veracidad e imparcialidad del proceso penal seguido contra García durante el régimen de Fujimori.

La jugada entonces se hacía evidente: limpiar extrajudicialmente a Alan García, presentarlo ante la ciudadanía como una víctima del fujimorismo para que la ciudadanía dude sobre los cargos que se le imputaron.

En mi investigación descubrí el viejo expediente 16-2002 en el cual se procesó a Alfredo Zanatti por el delito de falsedad genérica y descubrí todo lo contrario a las versiones apristas: nadie secuestro ni lo obligó a lanzar falsos testimonios en contra de García. A diferencia de los tiempos actuales en donde las redes sociales dan la posibilidad de interpelar a los grandes medios de comunicación, para la época (2001) todavía existía la posibilidad de mantener monopolios de desinformación y hasta engaño, como sucedió con el cambio de versión de uno de los hombres que echó a García.  La prensa concentrada estaba del lado de García, de eso no queda ápice de duda. Basta con ver que ni siquiera dieron portadas a los descargos de los hombres acusados por Zanatti. Por ejemplo, Antoniolli Vásquez desmintió a Zanatti, pero su versión fue publicada con suerte en un pequeño espacio en la parte inferior de la página 12 del diario la República del lunes 5 de febrero de 2001 edición n.° 6976.

La procuraduría ad hoc Fujimori Montesinos tomó nota del caso, y apenas 3 días después de la "denuncia" pública de Zanatti, el procurador César Azabache Caraccilo presentó ante el Ministerio Público la denuncia penal contra Vladimiro Montesinos, Julio Salazar Monroe, Elesbán Bello Vásquez, Roberto Huamán Azcurra y Raúl Cubillas Arizaga, personajes acusados por Zanatti. La denuncia tenía el código de ingreso 06-2001, pero luego se derivó a una fiscalía provincial penal especializada en delitos de corrupción de funcionarios a cargo del Dr. César Sotomayor Jaram con el código 009-2001.

Durante la investigación, las diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron largos alcances. Se recibieron las declaraciones de los imputados, la documentación referido a sus actividades en el Estado, hasta incluso constataron la casa donde supuestamente Alfredo Zanatti había estado secuestrado buen tiempo. Finalmente, los agentes ad hoc de la PNP concluyeron un atestado (ATESTADO N°. 005-EEI-PNP-FPE-MP-FN DE FECHA 16 de mayo de 2001) de 32 páginas cuyas conclusiones eran que Antoniolli Vásquez, Huamán Azcurra, Salazar Monroe y Bello Vásquez eran presuntos autores de los delitos investigados, así como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

En ese atestado, en el punto H. inciso 5 se menciona que:

Que (Zanatti), nunca comentó o dijo que era hostigado, presionado o amenazado por el contrario manifestó que estaba muy ilusionado con lo que le habían ofrecido, lo que si comentó fue que él iba a abrir las cuentas bancarias donde supuestamente se había depositado el dinero que se decía que le habían pagado a GARCÍA PÉREZ, por lo del tren eléctrico, no especificándome si esta historia era cierta o falsa. Asimismo observó que ZANATTI gozaba de ciertas comodidades con un dormitorio, un ambiente donde había una refrigeradora, televisor, y realizaba labores de pintura con sus respectivos accesorios, conforme este le refirió.

Es decir, que ni el mismo Zanatti pudo demostrar ante las autoridades cómo fue que lo secuestraron y cómo fue que lo obligaron a dar falsos testimonios en contra de Alan García. Lo que dejó la cancha libre para que la fiscalía y la procuraduría investiguen el fondo del asunto. El entonces fiscal superior Pablo Sánchez Velarde formula su dictamen n.° 841-2003 para pasar a juicio oral en la causa seguida en el expediente n.° 16-2002 tomando como uno de sus puntos la acusación en portadas del empresario cercano a García en los buenos tiempos del dólar MUC. 

Es aquí, donde la inmolación de Zanatti Tavolara para limpiar a García, al mismo estilo Mantilla, lo hace merecedor de una acusación: Sánchez Velarde lo denuncia penalmente por el delito de falsedad genérica por haber mentido que fue secuestrado por los hombres de Fujimori y Montesinos para declarar bajo amenaza en contra de García.  En su dictamen figura:

En el caso de autos se tiene que el procesado ALFREDO ZANATTI TAVOLARA, efectuó declaraciones falsas alterando en forma intencional la verdad...nunca evidenció incomodidad o queja por estar privado de su libertad compulsivamente, sino que consentía en estar en dicho inmueble, pues ello le aseguraba seguridad y comodidad, además de ser visitado las veces que quiso por sus familiares y abogado, por lo cual le corresponde en calidad de autor...

Sánchez Velarde da cuenta, en base a lo investigado a nivel policial-fiscal y a nivel judicial, que el famoso "acuerdo" de Zanatti con los hombres del régimen fujimontesinista era llegar al Perú para exhibirlo como un reo cuya captura fue posible gracias al gobierno del "Chino", saltando las obligaciones que por ley le competían a las autoridades judiciales. No existió ningún pacto para que formule falsos cargos en contra de Alan García, ni menos fue secuestrado. Tal es así que se dejó a un lado los delitos de secuestro y extorsión que el empresario supuestamente había sufrido.

Después de varias audiencias surgidas a partir del proceso en el expediente del caso, el número 16-2002 (aunque lo confunden con el código 06-2002) la Sala Penal Especial "B" de la Corte Superior de Justicia de Lima, conformada por los vocales María Zavala Vallarades, Roberto Barandiarán Dempwolf e Iván Sequeiros Vargas, da la sentencia el 11 de noviembre de 2004. En su parte II Titulada DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS INCRIMINADOS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS en el punto 27 desmienten definitivamente la mentira de Zanatti, los vocales mencionan: 

...cabe relievar, que se ha acredita que Zanatti Tavolara mintió el seis de enero del dos mil uno, cuando efectuó su denuncia pública a tráves de diversos medios de comunicación escrita, en el sentido de que había sido obligado ara venir al Perú para declarar en contra de Alan García. 

-Puedes revisar la sentencia a Zanatti en este link de Scribd: https://es.scribd.com/document/397871930/Sentencia-a-Zanatti. O abrir el siguiente enlace de Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1NU26LvIB5OcfdZIOCiusTMxQmeJXxgQR

Si Zanatti no fue secuestrado, es válido colegir que la imputación que hizo el señor de Aerolíneas Faucett contra Alan García en el sentido de que le prestó la cuenta en Gran Caimán para que Siragusa deposite las coimas, era totalmente cierta.

Gerardo Cubillas y Alfredo Zanatti fueron absueltos, el resto de imputados no figura en el fallo. El procurador Ronald Gamarra apela ese fallo, y el expediente pasa a las manos de otros magistrados: la vocal Elvia Barrios Alvarado, el vocal Aldo Figueroa Navarro y  la vocal Doris Rodríguez Alarcón.

Dichos magistrados formulan una nueva sentencia en 13 de noviembre de 2006, donde vuelven a confirmar que Zanatti mintió cuando dijo que fue traído a Perú para declarar en contra de Alan García:

Zanatti...no recuerda detalles...pero lo que si recuerda es la actitud de contar una historia cuyo objetivo era acusar al ex Presidente Alan García Pérez; versiones que al ser evaluadas en conjunto permiten a este colegiado arribar a la convicción de que las declaraciones públicas realizadas por Alfredo Augusto Zanatti Tavolara con fecha siete de enero de dos mil uno adolecían de falsedad, en tanto que su llegada al Perú en febrero de mil novecientos noveta y cinco fue producto de un acuerdo, a través del cual, este recibiría del gobierno de turno a cambio de realizar declaraciones incriminatorias contra el ex entonces Presidente Alan García Pérez.

Finalmente, la sala presidida por la Dra. Barrios Alvarado falla condenando a Alfredo Zanatti Tavolara como autor del delito contra la fe pública (Falsedad Genérica) en agravio del Estado peruano imponiéndole cuatro años de pena privativa de la libertad, mientras que a Julio Salazar Monroe se lo condenó como autor del delito contra la tranquilidad pública (Asociación Ilícita para delinquir) en agravio del Estado peruano y con una condena de ocho años. La sentencia fue por mentir en su declaración del año 2001 al afirmar que fue secuestrado y obligado a lanzar falsos testimonios en contra de Alan García, la verdad es que su llegada al Perú fue para aumentar la popularidad de Fujimori en vísperas de las elecciones del 1995 ya que estaba requisitoriado, pues había sido sentenciado por el 29° Juzgado Penal de Lima por el delito de estafa en agravio del Estado peruano en el caso de los dólares MUC. Alan nada tenía que ver ese acuerdo clandestino. Todos los acusados por Zanatti terminaron desmintiéndolo. La sala le impuso una reparación civil de veinte mil nuevos soles.

La sentencia fue por mentir en su declaración del año 2001 al afirmar que fue secuestrado y obligado a lanzar falsos testimonios en contra de Alan García, su llegada al Perú fue para aumentar la popularidad de Fujimori en vísperas de las elecciones del 1995 ya que estaba requisitoriado, pues había sido sentenciado por el 29° Juzgado Penal de Lima por el delito de estafa en agravio del Estado peruano en el caso de los dólares MUC. Alan nada tenía que ver ese acuerdo clandestino. Todos los acusados por Zanatti terminaron desmintiéndolo.

Ya como última etapa, el abogado de Zanatti plantea un recurso de nulidad contra esa sentencia. El recurso llegó a fiscalía, al despacho de nada más y nada menos que José Peláez Bardales, íntimo de García, y que para ese tiempo tenía el cargo de Fiscal Supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal. Pelaéz también reconoce que lo del secuestro para declarar en contra de Alan García fue una patraña. Figura en una parte de su dictamen (DICTAMEN N° 1126-2007-MP-1° FSP de fecha 15 de junio de 2007):

En tal virtud, en autos se encuentra acreditado que el procesado ALFREDO ZANATTI TAVOLARA faltó a la verdad durante sus declaraciones a diversos medios de comunicación, señalando falsamente que fue obligado a emitir declaraciones incriminatorias contra el entonces ex presidente Alan García Pérez, dando lugar a que estas declaraciones asimiladas como noticia criminal por la Procuraduría Pública Anticorrupción que, en ejercicio de sus atribuciones, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, la cual finalmente fue desestimada al comproba la falsedad de las declaraciones de ZANATTI TAVOLARA.

La última etapa del proceso finaliza con nada más y nada menos que la prescripción, tan inspiradora como paradójica. La extinción de la causa penal por culpa del tiempo fue resuelta por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú e integrada por LOS vocales Rodríguez Tineo, Santos Peña, Rojas Maraví, Calderón Castillo y Vinatea Medina.

CONCLUSIONES:

Zanatti nunca fue secuestrado o amenazado para venir al Perú, sino que había llegado a un acuerdo, por intermedio de su hijo quien contactó con el hijo de Antoniolli Vásquez, para llegar a Perú bajo condiciones favorables a él y aumentar la popularidad de Fujimori. Ya que el otrora socio empresarial de Alan García estaba requisitoriado, tenía orden de captura por el 29° Juzgado Penal de Lima.

Tampoco hubo orden para que declarara en contra de Alan García, el "¿cómo es la mía?", las declaraciones testimoniales que incriminan a Alan García en el exp. 01-95 A.V., etc. fueron por propia voluntad.

Los apristas bien saben por qué tuvieron que montar la farsa para que Zanatti se inmole: las elecciones del 2001.